El Consejo de Estado y la IA: lo que el fallo dijo de verdad (y los titulares no)

El 8 de junio de 2026, la Sección Tercera del Consejo de Estado hizo lo que muchos titulares contaron mal. No "prohibió la inteligencia artificial" ni inventó reglas nuevas para el ejercicio del derecho. Hizo algo más sobrio y más serio: recordó deberes que ya existían, a propósito de un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuyos promotores citaron, como precedentes del propio Consejo, varias providencias que no existían. La Relatoría las buscó. No estaban.

¿Qué dijo entonces el alto tribunal, leído con rigor y no con titular? Cuatro cosas, todas viejas como el oficio y nuevas como la herramienta:

1. La IA apoya; no reemplaza la verificación. Programas como ChatGPT, Claude o Gemini pueden producir referencias, normas o sentencias que parecen auténticas y nunca existieron —las llamadas alucinaciones—. Todo dato debe verificarse antes de entrar a un documento oficial o a una actuación judicial.
2. La responsabilidad sigue siendo de quien firma. El deber de diligencia, buena fe y lealtad procesal no se delega en una máquina: quien presenta, responde.
3. Juzgar es indelegable. Un juez no puede ceder a un programa la valoración de la prueba, la interpretación de los hechos ni la adopción de la decisión.
4. Cuidado con los detectores. El tribunal fue cauto con el software que dice "detectar" textos de IA: hoy su precisión y confiabilidad son insuficientes para fundar, por sí solas, una decisión judicial.

El expediente se remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Conviene precisarlo, porque también se contó mal: no hay sanción inmediata. Hay una puerta abierta para que la autoridad competente examine la conducta.

El cuarto punto es el que casi nadie leyó

Los titulares se quedaron en lo obvio —"un abogado se inventó sentencias"— y se saltaron lo fino. Lo verdaderamente relevante para el litigio que viene no es que la IA alucine; eso ya lo sabíamos. Es que el Consejo de Estado haya puesto en duda, de manera expresa, a los detectores de IA. Porque la tentación, tras cada escándalo, es resolverlo con otra máquina: un software que dictamine "esto lo escribió una IA". ¿Y si ese software se equivoca? ¿Sobre quién cae el costo de un falso positivo que tilda de tramposo a quien no lo fue? El tribunal no se dejó seducir. Bien hecho.

No es un hecho aislado: es una línea

Quien crea que esto es una rareza no ha seguido el hilo colombiano. En enero de 2023, un juez de Cartagena consultó a ChatGPT para resolver una tutela. En noviembre de 2025, la Corte Suprema, en la STC17832-2025, anuló por primera vez una providencia por apoyarse en citas inexistentes. En febrero de 2026, mediante el auto AC739-2026, sancionó por primera vez a un abogado —quince salarios mínimos— por un recurso construido sobre diez sentencias que la IA inventó. Y ahora el Consejo de Estado fija el marco. Cuatro peldaños de la misma escalera, en menos de tres años.

La pregunta ya no es si los abogados usarán inteligencia artificial. La usan. La pregunta es si seguirán respondiendo por lo que firman. La respuesta, por fortuna, sigue siendo sí.

Para Latinoamérica el mensaje es claro y temprano: el problema no es la herramienta, es la pereza. Un tribunal no necesita una ley nueva para exigir lo que el derecho exige desde siempre —que quien afirma, verifique—. Lo que cambia es la velocidad con la que ahora se puede mentir sin querer. En Ablucinaciones vamos a seguir cada uno de estos fallos, en Colombia y en el mundo, y a contarlos como son: con la cita que existe, y el matiz que el titular no tuvo tiempo de leer.

Fuentes: Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 8 de junio de 2026; cobertura de Portafolio e Infobae. Antecedentes: Corte Suprema de Justicia, STC17832-2025 (noviembre de 2025) y AC739-2026 (febrero de 2026).